Hoy en día se reconoce la
existencia de un problema máximo y generalizado en nuestra sociedad: la
desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los
gobernantes y en los administradores públicos
Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho (Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público); pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.
Coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos; pero no significan exactamente lo mismo. La ética constituye una rama filosófica que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimarla a partir de unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de su moral. La ética no es sólo individual porque puede contribuir también a que una sociedad sea más eficiente y responsable. Cuando las decisiones se toman en representación de una colectividad, la moral individual es insuficiente. De ahí que el verdadero valor de la ética en el ámbito público se tenga que centrar básicamente en lo que “debe ser” y el “cómo” lograr la integración de los valores de la sociedad en el Gobierno y Administración pública.
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EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>[1] http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/acciones-de-transparencia-se-estancan
Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho (Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público); pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.
Coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos; pero no significan exactamente lo mismo. La ética constituye una rama filosófica que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimarla a partir de unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de su moral. La ética no es sólo individual porque puede contribuir también a que una sociedad sea más eficiente y responsable. Cuando las decisiones se toman en representación de una colectividad, la moral individual es insuficiente. De ahí que el verdadero valor de la ética en el ámbito público se tenga que centrar básicamente en lo que “debe ser” y el “cómo” lograr la integración de los valores de la sociedad en el Gobierno y Administración pública.
El
“deber ser” en el ámbito público no se circunscribe al cumplimiento de la
legalidad, sino que alcanza también a los valores sociales, porque aunque no
lleguen a estar reglamentados en normas jurídicas, vienen a expresar algo más
que un estado de opinión, generando incluso reacciones de más o menos
aceptación y hasta de rechazo a determinadas conductas y comportamientos
corruptos de las organizaciones públicas, de sus empleados y cargos y de los
representantes que las gobiernan. De hecho, la corrupción no es sino una de las
manifestaciones de la crisis de valores en una sociedad democrática y de
derecho, que ha venido primando mas los derechos y el relativismo moral, en
detrimento del sentido del deber y de la atención a los principios éticos en la
gestión de la “res pública”.
Ciertamente, han desaparecido o se han transformado muchos
valores en nuestra sociedad, y se ha ido haciendo patente la necesidad
acuciante de reinventarlos e incluso elevarlos a rango de Códigos. Esta moda
por el buen gobierno y una ética codificada se ha extendido también en el
sector público: y así se constataba a nivel internacional en un estudio de la
propia OCDE (1997) que lleva por título “Managing Government Ethics” y también por organismos como “The
Independent Commission for Good Governance in Public Services” (ICGGPS, 2004).
En Guatemala se ha suscrito distintos “pactos contra la
corrupción” los cuales han sufrido nombres variados, pero siempre bajo la misma
perspectiva y fin común, ejemplo en 2013 se suscribe el “Plan de Acción contra
la Corrupción” el cual fue suscrito con el Ministerio Público, Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Organismo Judicial y el
Organismo Ejecutivo representado por la Comisión Presidencial de Transparencia;
en 2016 inicia una nueva propuesta denominada “Alianza por la Transparencia”,
integrada nuevamente por las instancias ya descritas además de la Organización
Civil Acción Ciudadana y Vicepresidencia en representación del Organismo
Ejecutivo, quien estuvo incluida en el año 2013 pero por diferencias con
Vicepresidencia se retiró, ahora está nuevamente dentro del proyecto. Sin
embargo en este nuevo proyecto no se encuentra representado el Organismo
Judicial y el Organismo Legislativo. Ambas propuestas tienen como objetivo
principal la construcción de una política de lucha contra la corrupción.[1]
Existe normativa vigente enfocada hacía un buen gobierno,
materializada en los diferentes códigos de ética de las instituciones públicas,
en una ley de acceso a la información pública y la obligatoriedad de contar con
portales de acceso libre, la iniciativa de gobierno abierto que obliga a
publicar datos en formatos abiertos, aunque en este último caso, únicamente se
queda a nivel de cumplimiento de diversos proyectos propuestos por sociedad
civil e instituciones gubernamentales, faltando aún una directriz general que
obligue a la publicación obligatoria de datos en formatos abiertos y la
generación de proyectos adicionales a los que incluye el plan; en el caso de la
información pública aún se tiene una deuda muy grande a nivel local, ante la
desintegración de grupos de trabajo y la poca accesibilidad de dichos gobiernos
a la participación ciudadana y el escrutinio público.
Sin embargo, sobre el “cómo” lograr la integración en la propia
gestión pública de los valores de una sociedad, no basta con que una organización
pública y sus integrantes a nivel de Gobierno o Administración se
responsabilicen legalmente de sus actos e incluso rindan indicadores de
transparencia susceptibles de una evaluación periódica. Más relevante es tratar
de fundamentar la conciencia social de que existe una responsabilidad que se
hace efectiva incluso cuando las leyes o los códigos no lleguen a imponerla en
aras de satisfacer a los grupos de interés de la sociedad civil con los que se
relaciona, tanto internos como externos.
Hoy los Gobiernos y Administraciones, en especial los locales
por su proximidad a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a lo que la
sociedad espera y reclama respecto a que sus funciones sean ejercidas con
voluntad de servicio público, evitando posibles actuaciones corruptas, lo cual
exige, asumir de forma práctica y efectiva diferentes iniciativas que desde
todos los organismos públicos permitan:
·
Liderar y demostrar un proceder ético y un compromiso firme ante
los dilemas morales, especialmente contra las conductas corruptas.
·
Establecer sistemas de control en conflictos éticos o en caso de
corrupción y acordar para todos estos casos unos criterios de actuación comunes.
·
Desarrollar indicadores que reflejen la ética en la gestión
pública y que permitan rendir cuentas a la sociedad de una forma mucho más
directa y responsable sobre cuál está siendo su actuación, no sólo en cuanto al
cumplimiento de los tradicionales principios de legalidad, economía, eficacia y
eficiencia, sino también en términos de sostenibilidad.
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-pide-fortalecer-la-transparencia-en-guatemala
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